04 ene 2012 Per a què serveix un Parlament?

Que los hechos de la vida colectiva tienen lugar y se divulgan a una velocidad que a menudo deja a los políticos en fuera de juego es algo que comprobamos diariamente. En las democracias contemporáneas, el gobernante se ve asediado por constantes demandas de los ciudadanos y lo que le aleja más de la calle es justamente la concepción del tiempo. Estamos acostumbrados al tiempo del consumo, que es la apoteosis de la inmediatez: quieres algún producto, lo pagas y lo obtienes en pocos minutos. Hemos incorporado este ritmo a todo lo que hacemos y pensamos que la política también debe funcionar así. Una parte de nuestra decepción con la política proviene de este malentendido, que los políticos refuerzan cuando pretenden hacer y decir – sobre todo decir – muchas cosas cada día.

La enfermedad que provoca esta situación es una ansiedad permanente sobre los asuntos públicos. Esta ansiedad domina los despachos de las administraciones y de los partidos y se traduce, más veces de los que haría falta, en políticas de comunicación que olvidan una regla básica y antigua según la cual «menos es más». El dogma es que el político tiene que comunicar siempre, tanto si tiene cosas que decir como si no, tanto si ha tomado decisiones como si no lo ha hecho; en este sentido, es catastrófico cuando un gobernante no sabe aislar sus decisiones de este ambiente de ansiedad que distorsiona la percepción de la realidad.

Pero en una democracia más o menos homologada no es el poder ejecutivo sino el legislativo el que tiene la misión de perseguir la realidad para dar respuestas a los problemas en forma de leyes. Los diputados de un Parlamento democrático representan la ciudadanía y, a la vez, ejercen como legisladores, como fabricantes de normas que deben funcionar con eficacia y un cierto sentido de anticipación. La elaboración de las leyes mediante los trámites, rutinas y rituales parlamentarios responde a la concepción del tiempo anterior a la electrificación del mundo, es un vestigio de la vida tal como era a principios del siglo XIX. Salvo en casos muy especiales (la reciente reforma exprés de la Constitución española, por ejemplo), la discusión parlamentaria se beneficia de una tranquilidad y de una distancia de las cuales muy pocas esferas disponen actualmente; junto al trabajo legislativo, sólo la investigación científica a largo plazo es capaz de romper la lógica immediatista que hoy se exige en casi todas las actividades humanas. Que los diputados trabajen sin la ansiedad de los ministros o de los consejeros no es negativo, siempre y cuando estén realmente atentos a la ciudadanía que los ha elegido.

Los parlamentos democráticos son, ante todo, espejos de unas determinadas sociedades. La teoría política clásica habla de soberanía nacional, un concepto que, cuando menos en la Unión Europea, debemos empezar a revisar hoy sin miedo. De la misma manera que un Parlamento que no legislara sería una institución inútil, conviene subrayar que un Parlamento que no fuera un espacio plural y un espacio para la palabra libre sería una institución que se haría trampas a sí misma y se las haría a los ciudadanos. Recientemente, hemos podido presenciar determinados fenómenos que señalan los peligros de olvidar lo más elemental. En el Parlament de Catalunya, hace pocos días, la presidenta de la Cámara consideró que debía prohibir determinadas expresiones relativas a la situación de agravio fiscal que sufre el país, como si cada grupo parlamentario no tuviera derecho a etiquetar la realidad según su programa político; finalmente, con buen criterio, la presidenta corrigió su error, después de una polémica embrutecida por los insultos de un diputado. Más recientemente, la Mesa del Congreso de los Diputados ha impedido que la coalición abertzale Amaiur tenga grupo propio y deba integrarse en el mixto, mediante una lectura muy estricta del reglamento que nunca, en otros casos similares, se había aplicado. Son episodios de calado diferente pero preocupan como disfunciones de una democracia cuyos servidores la debilitan desde dentro.

Un Parlamento no puede ser un espacio de censura, eso sería un contrasentido y una ridiculez. Un Parlamento no puede forzar tampoco su reglamento para esconder la existencia de una opción que, además, ha sido considerada perfectamente legal por los tribunales a pesar de plantear un proyecto rupturista. La Mesa del Congreso, donde el PP corta el bacalao, ha hecho un triste favor a la democracia española al impedir que Amaiur tenga su grupo porque esta decisión transmite una idea miedosa y restrictiva del sistema de libertades. Era una magnífica ocasión para que los grandes partidos españoles reforzaran su autoridad y la de las reglas de juego, pero han preferido aplicar un esquema antiguo, una defensa poco inteligente, un trapicheo rancio que, para entendernos, nos aleja de la cultura política de Estocolmo y nos acerca a la de Caracas.

La respuesta a la pérdida de crédito de la democracia pasa por ampliarla y no por limitarla. Defiendo que debemos profundizar la democracia representativa que tenemos frente a los que piden «una democracia real» basada en asambleas populares espontáneas. Por eso puedo decir, con todos los debidos respetos, que hay días en que los políticos profesionales parecen dedicados exclusivamente a cargarse el juguete, alegremente.