25 sep 2015 Automòbils i fàrmacs

Cae el mito del segundo fabricante de automóviles del mundo y cae también el mito del trabajo bien hecho en Alemania, el país que lidera la UE y al cual -como vemos cada día- quieren llegar miles de personas que huyen de la tierra donde han nacido a causa de la guerra, el genocidio, la miseria y la opresión. Tengo amigos alemanes y puedo decir que, en general, se sienten orgullosos de su país, sin excesos y sin necesidad de decirlo a menudo. Sea por el espíritu del protestantismo, sea porque se han dotado de unos determinados sistemas de organización, sea porque han apostado por invertir en formación o sea porque tienen una cultura política que -desde 1945- promueve los grandes consensos, los alemanes tienen fama bien acreditada de ser tan fiables y responsables como exigentes con ellos mismos y con los demás. Pero ahora, de sopetón, se resquebraja la buena imagen de todo un país a causa del Dieselgate de Volkswagen, un fraude de dimensiones millonarias que ya ha provocado la dimisión del presidente de este importante grupo automovilístico.

¿Cómo puede ser que la picaresca haya penetrado hasta el corazón del gigante industrial de la primera potencia continental? ¿Por qué alguien o algunos han puesto en riesgo una marca tan valorada? ¿Qué pretendían ahorrarse con esta manipulación en el control de las emisiones de gases? ¿Qué tipo de complicidades se han debido tejer para mantener este engaño? La historia es digna de una teleserie policiaca de ambientes nórdicos. Si esto pasara en Grecia, Portugal o España, el público no se sorprendería. Incluso lo encontraría normal en Francia o Italia. Pero Alemania no entraba en el guion.

Este caso aparece en economía, pero es también -es sobre todo- una noticia política, porque cuestiona la reputación de los que piden al resto de europeos que no hagan trampas. Además, ¿hay algo más político que una marca que hace de bandera de un país? Los intereses públicos también están en juego: el land de Baja Sajonia es accionista de Volkswagen.

Coincide este escándalo con la decisión del Tribunal Supremo de no exigir indemnizaciones para las víctimas de la talidomida a la multinacional alemana Grünenthal, que fabricaba este fármaco, porque considera que el delito ya ha prescrito. El medicamento, pensado contra los vómitos de las embarazadas, provocaba malformaciones en los bebés. Los alemanes no siempre lo hacen bien: hoy hablamos de un fraude, ayer de una incompetencia criminal. La diferencia esencial está en cómo responde cada país a este tipo de problemas. Los gobiernos de Franco y de la democracia mantuvieron la venta del fármaco hasta 1978, aunque en 1961 se ordenó la retirada. Desgraciadamente, los españoles son los únicos afectados que todavía no han recibido ninguna indemnización de la empresa. No hay casualidades.