24 jun 2016 Suspensió democràtica
Alguien con tribuna en Madrid dijo que había que “parar a Messi por lo civil o lo criminal”. De la noticia deportiva a la política, el marco de actuación de ciertos poderes y entornos del Estado es el mismo: detener un movimiento democrático como el independentismo “por lo civil o lo criminal”. Lo sabíamos, teníamos indicios. Ahora tenemos pruebas rotundas, concluyentes, definitivas: el contenido de unas reuniones del jefe de la Oficina Antifrau y el ministro del Interior, en el despacho de este último, demuestra la voluntad de destruir a varios dirigentes políticos catalanes mediante –como recuerda Enric Juliana- el método ruso del kompromat, una guerra sucia basada en filtraciones de rumores, insidias y falsedades. Mas lo sufrió durante la campaña de 2012 y Trias también lo soportó en octubre de 2014, el mismo mes –precisamente- en que tuvieron lugar los encuentros ahora revelados de Fernández Díaz y De Alfonso.
El subtexto de este acontecimiento es tan o más grave que el texto: contra los partidos independentistas (pacíficos, democráticos y perfectamente legales) todo vale. Contra lo que los poderes del Estado califican públicamente de amenaza, es “normal” que un ministro organice respuestas “excepcionales”, medidas “extraordinarias”, soluciones “irregulares”. Como dijo el director de un medio de Madrid, “por encima de la verdad está la unidad de España». De ahí la tranquilidad con que el ministro habla y se mueve ante su interlocutor, sabedor de que disfruta de una legitimidad no escrita para ser muy imaginativo, más allá del Estado de Derecho. Afinar, he ahí el verbo clave. El hombre que tiene que salvar el statu quo no puede descartar ninguna vía, también la de intentar un golpe de mano en CDC, para cargarse a Mas y colocar un títere. El ministro escucha, expectante, como su entusiasta colaborador le explica que “les hemos destrozado el sistema sanitario”, un método que supera el manual de Putin. Hace trescientos años, la práctica era envenenar los pozos de agua. Ahora todo se ha sofisticado.
Estamos hablando de guerra sucia contra los partidos y los políticos independentistas, pero este no es un asunto relacionado sólo con el proceso catalán. El escándalo afecta toda la ciudadanía española porque representa una suspensión intencionada de la democracia y sus reglas, desde el corazón del Estado. La comparecencia de De Alfonso en el Parlament, trufada de amenazas, muestra el estilo de estos salvadores de la patria. El mismo ministro que se reunió con el imputado Rato en su despacho y el mismo que nunca explica de dónde salen ciertos informes policiales ha reventado el sistema desde dentro. En cualquier Estado democrático, este ministro dimitiría o sería cesado. ¿O no es más importante la credibilidad de la democracia que Fernández Díaz?