Hace unos meses, fui invitado por un grupo de gente a dar una charla sobre la situación política en Catalunya. Mi público eran personas favorables a la independencia, muchos de ellos vinculados a la ANC y Òmnium. Cuando enumeré los puntos débiles del proceso, noté que la mayoría de los que me escuchaban estaba incómoda; después, durante el debate, confirmé que mi análisis era recibido a la defensiva y que muchos me veían como alguien que quería amargarles la fiesta con datos que normalmente no se ponen sobre la mesa. Una minoría de los presentes compartía mi descripción, algunos públicamente, otros de manera discreta, para no parecer derrotistas. De hecho, cuando recuerdo que el independentismo ha crecido espectacularmente pero todavía necesita llegar al 51%, siempre hay quien me tilda de “derrotista” o de cosas peores. Después de mi columna de hace una semana, volvió a ocurrir. Supongo que las últimas cifras del CEO también serán consideradas “derrotistas” por ciertos entornos y por mucha gente de buena fe a quien se ha explicado un concepto exprés de la secesión.

Lo que importa no es lo que decimos o escribimos los que miramos la política. Interesa saber lo que piensan los que la hacen y son responsables de gestionar los anhelos de muchos. En este sentido, no conozco a ningún dirigente de peso que, en privado, no admita que el independentismo necesita convencer todavía a una parte de la población para asegurar una victoria en un referéndum. Estos mismos dirigentes admiten también que una cosa son los informes de los expertos y otra, muy distinta, es la realidad diaria de cada ámbito oficial relacionado con una transición de la autonomía a un Estado independiente. Basta con hablar con la gente de cada conselleria.

Todo el mundo es prisionero de un calendario y de una hoja de ruta que se ha convertido en intocable. Y no es sólo –como podría parecer– porque de todo eso depende el siempre incierto apoyo de la CUP a Junts pel Sí. En el trasfondo está la gestión de los liderazgos y de ciertas carreras políticas. Digámoslo claramente: el primer político de estelada que afirme en público que hay que ganar tiempo para ampliar la base social independentista será acusado de traidor inmediatamente. Dado que Puigdemont dice y repite que él tiene fecha de caducidad (ante la desesperación de los suyos), la palanca para modificar el relato está en manos de Junqueras, gran administrador de silencios desde su despacho gubernamental. El líder de ERC tiene el pedigrí adecuado para reescribir la hoja de ruta cuando se demuestre que esta legislatura no acaba con el salto de la pared; los convergentes –que bastante trabajo tendrán en elegir un candidato nuevo– irán a remolque de los republicanos. Los ansiosos de la barricada dicen que todo esto es “procesismo”. Cuando lo explique Junqueras, tendrán que inventar otra palabra.