19 nov 2020 ¿Quién pagará la factura?

El modelo por imitar era El ala oeste de la Casa Blanca; sin embargo, al final, hemos desembocado en Los Chiripitifláuticos , programa infantil de cuando la tele era en blanco y negro. El Govern de la Generalitat, que desde el primer día pidió a Madrid poder gestionar directamente la situación provocada por la pandemia, se está haciendo oposición a sí mismo: hay problemas diarios de coordinación, planteamiento y comunicación entre las conselleries y también entre el Gabinete y la esfera funcionarial, como ha puesto de relieve Sergio Delgado, subdirector general de programas de Protecció Civil, que se ha quejado de la filtración del plan de desescalada. Asimismo, varios representantes de la sociedad civil han lamentado que haya consellers que parece que no hablen entre sí al proponer medidas. El retablo es agónico: se nos hará muy largo hasta febrero, cuando deben celebrarse –si no pasa nada– las elecciones catalanas.
 
Si bien es innegable que todos los gobiernos lo tienen muy complicado ante la Covid-19, no podemos abandonar el escrutinio público de la tarea que hacen los que ­deben tomar decisiones desde el interés general, en una época de dificultades enormes. La ciudadanía contempla atónita las disputas incesantes entre JxCat y ERC, dos socios a los cuales se les ha escapado de las manos el tacticismo en el peor momento, cuando corresponde poner todas las energías en abordar la crisis sanitaria, que ya es también económica y social. Que el Ejecutivo español presente disfunciones y errores graves en la gestión de la pandemia (caso del impago escandaloso de los ERTE) no puede servir de excusa a Pere Aragonès ni a ningún conseller.
 

La abstención podría crecer entre los inde­pendentistas si no cesan la confusión y el desbarajuste gubernamental

 
El independentismo gobernante es hoy prisionero de su relato, según el cual una buena gestión es la mejor manera de ampliar el apoyo social al proyecto de una república catalana. Lo han dicho siempre los republicanos y los posconvergentes, y responde a la lógica inicial del procés , que ar­ticulaba varios malestares. Es una narrativa que vincula el proyecto de la independencia al bienestar material y la justicia social, más que a premisas identitarias clásicas, como la lengua, el derecho, la historia o las costumbres. La tendencia del nuevo indepen­dentismo ha sido aparcar o congelar estos ítems, para reforzar la propuesta de un ­Estado catalán como alternativa a un Estado español afectado por averías de naturaleza sistémica.
 
Pero la apuesta teórica por la gestión ­independentista no se concretó nunca, ­dado que, hasta octubre del 2017, Puig­demont y Junqueras lo subordinaron todo al procés y, más concretamente, al referéndum del 1-O. Después del trompazo y del 155, y desde marzo de este año, el Govern ha tenido que abocarse, forzosamente, a la ­gestión, y ha sucedido lo que ahora contemplamos. Por lo tanto, si ampliar la base depende de lo que hacen Vergés, Sàmper, Homrani o Tre­mosa, no vamos bien, y no vale cesar a responsables de la segunda ­línea para salvar la cara del conseller de turno. La suma de ­deslealtades y de impro­visaciones fabrica incompetencia, aliñado todo con el ruido de las zancadillas infan­tiles y los reproches repetitivos. No hay ­nada menos táctico que el tacticismo obsesivo cuando el país atraviesa una situación tan delicada.
 
La política tiende a despreciar la memoria. Las lecciones de los dos tripartitos –carcomidos por la desconfianza– se han olvidado muy pronto. Esa experiencia demuestra que todas las formaciones que entonces gobernaban pagaron una factura importante en las urnas.
 
¿Quién pagará la nueva factura política cuando llegue el 14 febrero? El caos perjudica a unos y otros. Mientras, la factura real la pagaremos los ciudadanos. La gestión del Govern provoca irritación en muchos sectores, incluso en franjas próximas a JxCat y ERC, como pueden ser los autónomos, el pequeño y medio empresariado o los profesionales de actividades con notable proyección. Quien piense que eso puede favorecer sus opciones durante la futura campaña es que no sale de su burbuja.
 
Dos encuestas recientes –la del CIS y la del ICPS– auguran la victoria de ERC en los comicios de febrero y colocan a los socialistas en segunda posición. En el barómetro del CIS, el asunto de la independencia aparece todavía como la principal preocupación de la ciudadanía, por delante de la salud y la situación económica, extremo que se explica por la fidelidad de los votantes del bloque que propugna la secesión y por la herida abierta de los presos y los exiliados. No obstante, las próximas elecciones son una caja más cerrada que nunca: no sabemos qué clima de opinión habrá dentro de tres meses. Mi hipó­tesis es que la abstención podría crecer entre los independentistas si el desbarajuste gubernamental y la confusión no cesan; es mi impresión después de aguzar el oído y observar la calle, lo consigno sin ninguna pretensión científica.
 
El triángulo responsabilidad-credibi­lidad-confianza está roto en Catalunya. Reconstruirlo costará tiempo y paciencia. Y acabo con mi duda principal: ¿qué dirán en campaña los partidos que hoy no son ca­paces de estar a la altura de la desazón de la gente?