26 jul 2021 Salvar o felicitar al funcionario
Cuando el nuevo independentismo planteó el procés como algo en que era indispensable el concurso de las estructuras de la administración catalana, olvidó dos realidades que se han demostrado más fuertes de lo que parecían. Primera: trasladar a la tecnoestructura autonómica (funcionarios y altos cargos técnicos) las “jugadas maestras” de una desconexión hecha con las herramientas de gestión pública no funciona. Segunda: el rupturismo desde arriba tenía unos costes directamente relacionados con que el autogobierno devenía vulnerable si asumía embates –utilizo la palabra mágica– que se transformaban fácilmente en una excusa para la intervención decidida de los tribunales y órganos de control.
La fábula es sabida: si el político independentista gobierna, no puede pisar las líneas rojas. Es la lección que ahora aplica el Govern Aragonès (aceptada por ERC y también por Junts, a pesar de las retóricas insumisas de algunos dirigentes del partido de Puigdemont). Pero no es fácil gobernar cuando tu pasado inmediato está marcado por el 155, las condenas del Supremo, los exiliados o la fiscalización abusiva del Tribunal de Cuentas. Ante una maquinaria estatal que tiene inercias ajenas a la mesa de diálogo y al “reencuentro”, el independentista que gobierna busca muros de defensa en la misma legalidad autonómica y, entonces, considera el Institut Català de Finances (ICF) como una pieza esencial para hacer frente a los avales de los encausados por ese órgano.
Una cosa era ‘la revolució dels somriures’ y otra ponerse una diana en la cabeza para que el Leviatán celtibérico te triture
Al hacerlo, vuelve a aparecer la duda paralizadora que impregnó toda la administración catalana desde el 2012: si se hace tal o cual cosa, podemos acabar mal. Los servidores públicos de la Generalitat –incluso aquellos que simpatizan con la causa– no quieren acabar mal, es comprensible. Una cosa era la revolució dels somriures y otra ponerse una diana en la cabeza para que el Leviatán celtibérico te triture.
Todo esto lo saben perfectamente el president Aragonès y el conseller Giró, responsable último del ICF. La lección aprendida, recuerden. Por eso el titular de Economia hace una primera intervención en la que deja al margen de la ecuación el ICF, pero al día siguiente anuncia un cambio de criterio, después de conversar con el president y constatar que nadie quiere parecer miedoso ni tibio, por si las moscas. En medio, los dos socios de Govern constatan, una vez más, que la tortilla no se puede hacer sin romper los huevos, sobre todo si es una tortilla que tiene la pretensión de evitar justamente que los huevos te los rompa Madrid de una patada salvaje. ERC y Junts –reproches al margen– quedan engullidos por el pescado procesista que se muerde la cola cada día, entre la espada punitiva del Estado y la pared de una gestión autonómica que aspira a parecer helvética de tan normal que dicen debe ser. Por eso me parece involuntariamente irónico que el conseller Elena –que ha asumido el cargo con un entusiasmo que aplaudo– empiece todas sus intervenciones cuando hay incendios o similares con reiteradas y solemnes felicitaciones a los funcionarios que trabajan sobre el terreno. Freud sacaría petróleo de ahí.