22 may 2014 Insult i democràcia

Uno. Twitter no es el problema ni tampoco es el canal más peligroso de difusión de insultos, calumnias, amenazas y expresiones cargadas de violencia. Es mucho más preocupante lo que dan habitualmente algunos periódicos (de papel y digitales), algunas emisoras y algunas cadenas de televisión. Por ejemplo, el Govern ha puesto denuncias contra Intereconomía y 13TV por incitación al odio; hay que recordar que 13TV tiene como principal accionista a la Conferencia Episcopal, los obispos, cuya misión parece que debe ser predicar la paz y la convivencia. Lo que hace que Twitter esté en el centro del debate es el anonimato de muchos de sus usuarios, la rapidez con que vehicula discusiones públicas, así como el papel supuestamente neutral de la empresa norteamericana que administra y ordena el tráfico en esta calle virtual y universal.

La democracia pide libertad de expresión y la libertad de expresión exige -como toda libertad- un sentido profundo de la responsabilidad. Eso es así cuando escribimos en un diario, cuando llamamos a un programa radiofónico o cuando hacemos tuits. Podemos añadir que la democracia se basa en que los ciudadanos seamos capaces de mantener debates a cara descubierta, lo cual querrá decir que nos reconocemos los unos a los otros, y que no tenemos miedo de las represalias de los poderes. Es en las dictaduras y los regímenes sin garantías donde es comprensible que las personas escondan su identidad. Con todo, hay que aceptar que existen usuarios que dan nombres falsos en Twitter y que algunos de estos (como también algunos de los que ponen nombre y apellidos) se dedican al ataque sistemático contra personas y colectivos. La novedad es que Twitter ha dado un altavoz a mucha gente que no lo tenía: ciudadanos responsables que dicen cosas dignas de ser leídas y elementos destructivos que sólo buscan la provocación y el ruido.

Dos. Hay que felicitar al ministro del Interior porque se preocupa por el alud de mensajes tóxicos y/o delictivos en Twitter, pero hay que preguntarse si no podía hacerlo antes, y no precisamente después de un asesinato donde la víctima y las presuntas autoras son militantes de su partido y en medio de una campaña electoral. Hace mucho tiempo que las redes sociales y los medios convencionales dan acogida a expresiones que deberían movilizar de oficio a la Fiscalía, con víctimas de ideologías, sensibilidades y orígenes muy diversos. En todo caso, es bueno que los miserables que utilizan las redes sociales para hacer daño sean perseguidos con todos los instrumentos legales, pero hay que evitar la criminalización de Twitter así como la estigmatización de todos los que ejercen la crítica desde este canal. La democracia sin el derecho a la crítica de los poderes no es democracia. Un ministro que cometió el grave error de comparar el aborto con ETA debería ser muy prudente y tendría que hacer un esfuerzo por separar el grano de la paja. Una cosa son los delincuentes y otra son los que dicen cosas que nos pueden desagradar.

Tres. Todo lo que es importante en la vida exige que maticemos cuidadosamente. ¿Cuál es la raya entre la expresión que nos ofende o que es moralmente inaceptable y la expresión que puede considerarse un delito? Si eso fuera un asunto sencillo, los fiscales, los jueces y los abogados no tendrían mucho trabajo. Como modesta víctima de insultos y calumnias en medios convencionales y en las redes sociales, he pensado algunas veces en esta sutil diferencia.

Hagamos avanzar el debate. Ian Buruma, un holandés que ha vivido en medio mundo, da como premisa una idea con la cual muchos podemos estar de acuerdo: «Si todo el mundo pudiera afirmarlo todo, sin pensar en las consecuencias, ya no podría existir una sociedad civilizada. La pregunta es hasta qué punto la libertad debe ser limitada, por qué razones y de qué manera». En Europa confiamos que la coerción del Estado y la autorregulación sirvan, bien combinadas, para hacer posible una verdadera y libre discusión democrática. Los países de la UE se han comprometido a luchar contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, también cuando no se trata de hechos sino de opiniones. Gracias a eso, varias asociaciones judías y comunidades israelíes han podido presentar una denuncia por 17.692 tuits antisemitas difundidos después de la victoria del Maccabi sobre el Real Madrid en la Copa de Europa de baloncesto. Es una iniciativa importante que, de paso, pone el dedo en la llaga de una de las debilidades más alarmantes de la cultura política española de hoy.

Cuatro. El 30 de noviembre del 2005, Luis María Anson escribió un artículo en La Razón donde decía: «A los jóvenes que se emocionan contemplando Hoy no me puedo levantar les tocan las pelotas los políticos inanes de la permanente verborrea, los engaños de Zapatero y los meapilas que inciensan el Estatuto nazi de Cataluña». Observen que, en aquel momento, antes de la crecida del independentismo posterior al 2010, lo que era tildado de nazi era el nuevo Estatut, ley orgánica del Estado y moderada tercera vía para encajar la nación catalana en el Reino de España. Y observen, asimismo, que el odio contra los catalanes no ha surgido con las redes sociales, es viejo como las momias. No me consta, por cierto, que la Fiscalía saliera en defensa del Estatut.