20 nov 2014 O Espanya o la democràcia

Estamos llegando al cabo de la calle, a una velocidad que no estaba prevista. La decisión de la Junta de Fiscales de Sala de avalar la querella del fiscal general del Estado contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega y la consellera Rigau a raíz de la consulta del 9-N ilumina de manera descarnada que la separación de poderes en España es una pura ficción y que, en el corazón del Estado, hay una lucha abierta entre los ejecutantes de la vieja política y algunos servidores públicos que intentan actuar de acuerdo con las reglas de juego propias de una democracia homologada. El proceso soberanista catalán ha trastocado la profecía de Aznar: no es Catalunya lo que se está rompiendo sino la credibilidad, la autoridad y la legitimidad de los poderes españoles y del Madrid oficial, empezando por Rajoy y su Gabinete. Nada volverá a ser como antes.

La rebelión de los fiscales de Catalunya contra la acción punitiva que exige el PP y la derecha mediática es un factor que nadie previó, que tendrá consecuencias graves y que debilita terriblemente el argumentario del Gobierno contra la revuelta catalana, basado -como sabemos- en presentar la Constitución y las leyes como escrituras intocables y sagradas que sólo se pueden interpretar de una manera, la que dicta la Moncloa. En este sentido, y en el margen de invocar reformas constitucionales vagas, el PSOE ha actuado como dócil y eficaz monaguillo del inmovilismo, lo cual ha acabado pagando un PSC extraviado en medio de un cambio histórico que muchos han despreciado y ridiculizado hasta hace pocos días. Que los socialistas se desmarquen de la querella es irrelevante.

El impacto doloroso del éxito del 9-N en la maquinaria del Estado y el desconcierto agónico que provoca en las élites que gestionan el artefacto son proporcionales a la falta de diagnósticos fiables del Madrid oficial sobre la realidad catalana desde el año 2010 para acá. Perdonen que me repita: me fascina que tantos políticos y periodistas españoles hayan consumido como material de análisis la propaganda de guerra contra el soberanismo que ellos mismos fabrican. Sorprende tanta frivolidad en un asunto tan delicado.

Hay que suponer que estaban tan seguros de su fuerza y superioridad que no sometieron sus prejuicios al más mínimo contraste de los hechos. Y, lo que es más alucinante, todavía hoy persisten en el error a pesar de haber quedado en fuera de juego al ver que más de dos millones de ciudadanos asumían su empoderamiento sin miedo. Es el caso de Floriano, vicesecretario general de organización del PP, cuando afirma que «los fiscales de Catalunya no han hecho lo que tenían que hacer por el ambiente nacionalista radical» y añade que «están contaminados». Es la misma tesis que ofrecía ayer Victoria Prego, tenida antes por periodista seria: «Los nacionalismos han impregnado todas las instituciones de tal manera que han conseguido penetrar y contagiar incluso al Poder Judicial, lo cual es la más grande desgracia a la que podamos enfrentarnos los españoles». Más allá, en la conclusión, Prego retorna un instante a los hechos para escribir que «esto se cae. El Estado se tambalea en sus fundamentos», una observación muy parecida a la del jefe del Ejército de Tierra, el general Domínguez Buj, que ofrece una lección de historia al declarar que «cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída». Siguen sin querer comprender las causas reales del proceso soberanista pero, en cambio, sí se dan cuenta de lo que decíamos antes: el Estado español vive una crisis de autoridad y de legitimidad como nunca se había visto desde los últimos días de Franco. La marca España, en manos de Torres-Dulce: es mala, todavía será peor. Un Gobierno miembro de la UE lleva a los tribunales un presidente autonómico por hacer posible que la gente exprese su opinión.

Retorna el sentido trágico de la vida al Madrid oficial. Los catalanes sufren una enfermedad grave mientras Rajoy ha resultado ser un doctor poco fiable. Él y la enfermera Soraya pensaban que la Constitución curaba el mal pero han fracasado y ahora piden al fiscal general que aplique cirugía de guerra. Espada, como otros promotores de la mano dura, ha preguntado al líder del PP por qué motivo no obligó al Govern a obedecer. En estos momentos, en determinados despachos, recuerdan lo que dijo, el 6 de febrero del año pasado, el general de División en la reserva Juan Antonio Chicharro: «La patria es anterior y más importante que la democracia». Antiguamente, esta idea se resumía con más color: «Antes roja que rota».

Así las cosas, Rajoy está atrapado. Para salvar su idea de España y dar satisfacción a los duros, el Gobierno retuerce la democracia y el Estado de derecho sin disimular, la querella contra Mas avanza como un enorme bumerán. La patria es más importante que la democracia, decía el de la gorra. Si el inquilino de la Moncloa hubiera imitado al británico Cameron, habría hecho compatible España y la democracia, y quizás hubiera ganado. Ahora llega tarde: la democracia española ha sido herida de gravedad por los que más dicen defenderla. Por cierto, tengamos memoria: la primera víctima de esta historia fue Martín Rodríguez Sol, ex fiscal superior de Catalunya, a quien obligaron a renunciar por decir que hay que escuchar a la gente.