04 may 2020 Excepción crónica

El título de esta columna es un oxímoron. Porque cualquier excepción que se convierte en crónica deja de serlo. Un estado de alarma prolongado plantea serias dudas sobre la naturaleza de las decisiones que se toman bajo este paraguas, y sobre los límites del marco pensado para gestionar una situación que no puede ser habitual. Ir prorrogando el estado de alarma, como pretende el presidente, es una vía que merece un debate que no sea mero trámite. El lehendakari Urkullu lo planteó con claridad ayer durante la videoconferencia de los presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo: “Es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y, también, el retorno paulatino a la normalidad institucional”. Se expresaron en la misma línea Torra, Díaz Ayuso y Nuñez Feijóo. El presidente gallego considera que se hace un “uso desproporcionado” del estado de alarma. Lo que era proporcional hace un mes podría no serlo hoy.
 
Un estado de alarma disfrazado de “nueva normalidad” plantearía dos erosiones sobre los mecanismos ordinarios de la democracia española. La primera tiene que ver con la distorsión de la responsabilidad de cada ámbito competencial, que se ve alterada por la distancia entre quién toma las decisiones y quién, después, debe gestionar sobre el terreno la concreción de unas u otras medidas, sobre las que puede haber discrepancias notables; este fenómeno puede abocar al ciudadano a la desprotección: se crean espacios de ambigüedad que no contribuyen a la eficacia. La segunda tiene que ver con la creación de una imagen puramente ornamental de las autonomías, que podrían ser percibidas como un nivel de gobierno prescindible y, por lo tanto, digno de ser suprimido, como plantean los ultras de Vox. Más de uno sueña con sustituir el café para todos por achicoria u otros sucedáneos.
 

Un estado de alarma prolongado plantea dudas sobre la naturaleza de las decisiones que se toman

 
Veremos este miércoles quién le vota a Sánchez la cuarta prórroga del estado de alarma. Aunque los socialistas van a bloque, algunas críticas, como las del valenciano Ximo Puig sobre la gestión por provincias, ponen en evidencia que la Moncloa va a su aire sin escuchar, ni a los que tiene lejos ni a los que tiene más cerca. Para frenar la protesta de autonomías históricas y gobernadas por el PP, el ministro Illa ha hecho saber que, a partir de ahora, “las decisiones serán consensuadas y habrá reuniones bilaterales”, un cambio de talante que llega demasiado tarde. Desde el primer minuto, Sánchez relativizó el principio de subsidiariedad y no disimuló que la estructura autonómica le estorbaba, algo que notamos cuando explica sus planes a los presidentes autonómicos después de haberlos difundido a la prensa. Torra y Urkullu se quejaron de ello el primer día.
 
El estado de alarma está justificado ante la Covid-19 y así lo ha entendido la ciudadanía. Normalizar este estado de alarma, en cambio, podría desfigurar gravemente la estructura de poderes del Estado y pervertir el papel de cada ámbito de toma de decisiones. Sería como una reforma constitucional a la baja y por la puerta de atrás.