06 feb 2017 Un judici polític

El juicio de hoy contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau es una derrota. Inhabiliten o no finalmente a los tres políticos que serán juzgados, la democracia española habrá perdido. Porque habrá convertido un asunto político de magnitud histórica en una causa penal. Lo mismo vale para Francesc Homs, Carme Forcadell, Joan Coma, los miembros de la mesa del Parlament o cualquier otro que sea perseguido por motivos parecidos. Por eso el juicio de hoy es, por encima de todo, un juicio político, contra representantes democráticos que, de manera pacífica, impulsaron una consulta ante la negativa del gobierno español de hacer posible un referéndum oficial y pactado. La prueba de lo que decimos es la actitud, en su momento, de los fiscales catalanes, contrarios a impulsar esta represalia, así como la dimisión del que fue fiscal general del Estado.

Un Estado miembro de la UE organiza un juicio político contra tres excargos de gobierno por haber preguntado a los ciudadanos qué futuro quieren. La consulta del 9-N, contra lo que dicen algunos, no fue una farsa: aquel día, el ejecutivo español quedó fuera de juego. Aquella fecha es, hasta ahora, el único momento en que la sociedad catalana ha actuado con plena soberanía. El independentismo rompió los huevos –para utilizar la metáfora de moda– pero no hizo la tortilla, se limitó a contarse. Un poco de rupturismo sin ruptura final, para animar a Madrid a copiar la vía escocesa. Exceso de optimismo y de ingenuidad. Rajoy tomó nota y hará todo lo posible para que no se repita nada parecido. El juicio de hoy tiene esta función ejemplificante. Del mismo modo que la explotación mediática de los casos de presunta corrupción (afinada o no en algunos despachos) busca tres objetivos: desmoralizar y desmovilizar a las bases independentistas, incrementar las tensiones entre partidos y hacer que el PDECat se estrelle antes de despegar. La conversión de las clases medias y del nacionalismo moderado a la idea de la secesión es lo que sulfura a los vigilantes de la unidad sacrosanta.

Rajoy aplica la metodología judicial contra ETA y su entorno al independentismo catalán. La plantilla vasca es la que tienen por mano y la que creen que puede dar más frutos. En este contexto, y con la Brigada Aranzadi y los cañones mediáticos bombardeando noche y día, los argumentos de defensa de Mas, Ortega y Rigau deberían ser más políticos que técnicos, para subrayar precisamente que el 9-N no fue más que una ventana democrática en un edificio cerrado a cal y canto. Si el juicio es político, hay que hacer alta política. Dicho de otro modo: quizás toca que Mas y las dos exconsejeras remarquen que prefirieron dar voz a la ciudadanía antes que obedecer normas destinadas a tapar un problema real y profundo. Un problema que no se acabará aunque inhabiliten a centenares de personas.