03 sep 2012 Governar les persones
Una tarea es gobernar las cosas y otra, muy diferente, es gobernar a las personas. Eso ha quedado claro cuando hemos visto la diferencia de criterio entre el Gobierno y muchas comunidades a la hora de considerar la asistencia sanitaria a los colectivos excluidos del sistema, sobre todo a los inmigrantes sin permiso de residencia.
Tal como se advirtió desde varios ámbitos, las restricciones incluidas en el real decreto ley 16/2012 impulsado por el Gabinete de Rajoy podrían comportar más riesgos y problemas que soluciones. A la hora de concretar, varias autonomías -también algunas gobernadas por el PP- han eludido el mandato de la Administración central. Así, para poder atender a los que inicialmente quedaban sin cobertura, la Generalitat ha creado una nueva tarjeta que deberá renovarse anualmente y que no tendrá validez fuera del territorio catalán. Hecha la ley, hecha la trampa. Para evitar situaciones injustas y efectos perversos, un remiendo.
Este conflicto revela una paradoja muy grave: la descentralización competencial que se ha efectuado en España desde 1978 no ha transformado en nada el concepto clásico de las políticas pensadas desde Madrid. Ni un milímetro. Si eso resulta especialmente escandaloso cuando hablamos de infraestructuras estratégicas como el corredor mediterráneo, todavía es más inquietante cuando afecta a servicios básicos que tienen a los ciudadanos como destinatarios.
No es un asunto que interese sólo a Catalunya, donde este episodio se añade a otros agravios. Estas decisiones que obvian la complejidad de la gestión sobre el terreno indican que el Estado autonómico es un modelo que, en realidad, no se creen los que, precisamente, más obligación tienen de hacerlo funcionar. El resultado es una deslealtad inercial de la Administración central con las administraciones que -de acuerdo con las competencias traspasadas- deben dar la cara, cada día, ante los contribuyentes. Madrid dicta normas que, después, son inaplicables. Se trata de un cortocircuito institucional de grandes dimensiones.
Las dos grandes políticas del Estado de bienestar corresponden a las autonomías: sanidad y educación. A la vez, estas áreas son los canales habituales de relación de cualquier ciudadano con el poder político, lo cual influye altamente en la opinión que tiene la gente de los que gestionan el bien común. Un conflicto en los hospitales o en las escuelas es algo más que un problema sectorial. La credibilidad democrática pasa necesariamente por estos dos espacios.
Zapatero demostró que es muy fácil ser generoso con el dinero de otros. Rajoy demuestra que es muy fácil ser resolutivo con las competencias de otros. Al final, el lío es tan grande que el ciudadano, muy a menudo, no sabe a quién debe pedir explicaciones y responsabilidades.